Miles de residentes de La Mojana se encuentran sin acceso a ayudas humanitarias debido a su exclusión de los censos oficiales de damnificados. Esta situación les impide recibir los subsidios establecidos por las medidas cautelares decretadas hace un año para atender la emergencia en la región.
El abogado Manuel Navarro, especialista en derecho ambiental, señaló que muchas personas no están incluidas en el censo de afectados y que las entidades territoriales deben solicitar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo su habilitación para realizar estas inscripciones.
La mayoría de las administraciones municipales no han gestionado oportunamente la actualización de los registros ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hasta la fecha, solo San Jacinto del Cauca ha logrado gestionar efectivamente subsidios de arrendamiento para sus habitantes.
Esta falta de inclusión en los registros oficiales no solo impide el acceso a ayudas humanitarias inmediatas, sino también a programas de alivio económico y condonación de deudas.
En agosto de 2024, se presentó un incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señalando irregularidades en la actualización de los censos y buscando obligar a las autoridades a cumplir con las medidas cautelares ordenadas.
La crisis en La Mojana, que se aproxima a su cuarto año, ha elevado los índices de pobreza del 85% al 92%. Esta situación se complica para aquellos habitantes que, al no estar incluidos en los censos oficiales, quedan al margen de cualquier tipo de asistencia gubernamental.
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