- La muerte del principal testigo del caso, en la cárcel La Picota, deja en evidencia los vacíos que tiene la investigación, que no logra dar con los autores intelectuales.
Redacción: Faltándole apenas 16 días para que un juez le notificara que gracias a su cooperación con la justicia le iban a cesar la acción penal por un magnicidio, Francisco Luis Correa Galeano recibió una estocada mortal.
Estaba en la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota de Bogotá violando las normas del recinto, mientras bebía licor y escuchaba música con otros ocho presos.
En medio del jolgorio, Correa Galeano se trenzó en una acalorada discusión con su compañero de calabozo, Samuel Zuleta Márquez, quien esgrimió un puñal de fabricación artesanal y le traspasó el pecho.
Mientras Correa se desangraba, su asesino reía con desparpajo, “sin valorar para nada la vida de ese hombre, disminuido en su integridad corporal”, según las palabras rimbombantes de la fiscal en la posterior audiencia de imputación.
Vaya destino el de Correa, exhalando su último suspiro en el suelo de la cárcel, cuando tenía la opción tangible de lograr una pronta libertad.
Si es cierta aquella creencia de que la mente de una persona revive sus recuerdos trascendentales antes de morir, a su memoria tuvo que acudir la cruenta escena de aquel 10 de mayo de 2022, en una playa de la isla Barú.
El sicario que él instruyó le disparó al fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini, quien estaba celebrando su luna de miel en Colombia. Su esposa Claudia Aguilera, con el bebé de ambos en el vientre, se inclinó sobre la arena para susurrarle que lo amaba, y al abrigo de esas palabras el jurista subió al cielo.
Correa no tuvo frases de aliento, partió de este mundo con el eco de la risotada de Samuel Zuleta, el pasado 2 de enero, a los dos años y ocho meses de un asesinato que todavía no se ha esclarecido, pues los autores intelectuales siguen en las sombras.
Los detenidos
A la fecha, la justicia de Colombia ha condenado a nueve personas por el magnicidio, las cuales estuvieron involucradas en las funciones operativas del crimen (ver el gráfico).
Margareth Chacón (39 años y 10 meses de sentencia), su esposo Andrés Pérez Hoyos (25 años y 6 meses) y el hermano de éste, Ramón Pérez Hoyos (25 años y 6 meses), recibieron el dinero de parte de los autores intelectuales y se encargaron de contratar y financiar a los asesinos.
Fue el coordinador del crimen y luego delator
El finado Francisco Correa fue el coordinador operativo, y quien a la postre terminó delatando a los demás, convirtiéndose en el testigo estrella del caso. Fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por tráfico de armas y amenazas contra servidor público, y estaba esperando su “perdón judicial” por homicidio agravado y concierto para delinquir, gracias a su cooperación.
El seguimiento a la víctima en Cartagena y Barú estuvo a cargo de Cristian Monsalve y su madre Marisol Londoño (ambos sentenciados a 23 años y 6 meses); el transportista fue Eiverson Arrieta (23 años y 6 meses) y el sicariato estuvo a cargo de los venezolanos Wendre Scott Carrillo (23 años y 6 meses) y Gabriel Salinas (detenido en su país natal).
Sospechosos y libreta misteriosa
Los investigadores judiciales no han logrado establecer quién le entregó el dinero – presuntamente 2.000 millones de pesos – a los hermanos Pérez Hoyos para financiar el magnicidio.
Una hipótesis apunta a que ellos trabajaban para una red de narcotráfico transnacional que resultó afectada por la “Operación A ultranza Py”, en la cual participó Marcelo Pecci, en cumplimiento de sus funciones como fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
La libreta que al parecer perteneció a Francisco Correa tiene referencias al sospechoso Sebastián Marset.
La operación fue lanzada en febrero de 2022 (tres meses antes del homicidio), entre la Secretaría Antidrogas de Paraguay (Senad), la DEA y Europol, destapando un enorme entramado de narcos, blanqueo de capitales y corrupción, con 40 capturas, millonarias incautaciones de bienes y hasta políticos salpicados.
Uno de los supuestos jefes de la organización es el prófugo narcotraficante Sebastián Marset, un exfutbolista y productor musical uruguayo, señalado de coordinar negocios ilegales en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay.
El otro sería Miguel Ángel Insfrán (“Tío Rico”), jefe de un clan familiar involucrado con la mafia paraguaya, quien actualmente está en prisión por otros delitos.
Ambos fueron mencionados por Francisco Correa en sus conversaciones con la Fiscalía; incluso los presidentes Iván Duque y Gustavo Petro también los referenciaron en sus mensajes públicos, en calidad de sospechosos.
Sin embargo, ni la Fiscalía colombiana ni la paraguaya han obtenido evidencias que los conecten al magnicidio.
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