El análisis del panorama político y judicial en torno a la viceministra Angélica Verbel y su círculo cercano en Córdoba revela una sofisticada estructura de ‘captura’ institucional que trasciende el clientelismo convencional.
En Córdoba, el acceso a servicios públicos y ‘empleo digno’ se presenta como un logro personal de la viceministra y no como una obligación estatal. Esta situación no solo fractura la cohesión interna del Pacto Histórico por el desplazamiento de otros liderazgos, sino que posiciona a Verbel como una ‘baronesa electora’ emergente que utiliza el presupuesto de defensa y educación para ‘aceitar’ una maquinaria de cara a las elecciones legislativas de 2026.
Desde la óptica judicial, las implicaciones son críticas y podrían configurar un catálogo de delitos contra la administración pública. El nombramiento de Rafael Germán Gómez Gómez sumado a la denuncia de ‘visitas extorsivas’ en la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, apunta a una presunta red de concusión y cohecho.
- ¿Posible concierto para delinquir?
Si se comprueba que se exigieron pagos a empresas privadas para frenar investigaciones o agilizar paz y salvos bajo la sombra del poder político de Verbel, la Fiscalía General de la Nación estaría ante una estructura de criminalidad administrativa. La mención de una “persona externa” que realiza gestiones de extorsión a nombre de la viceministra obliga a las autoridades a investigar si existe un concierto para delinquir orientado al recaudo de fondos ilícitos.
Finalmente, el nepotismo sistémico documentado en el SENA y el DPS (con familiares directos como su madre y primos en nómina) no solo acarrea faltas disciplinarias ante la Procuraduría, sino que expone un riesgo de tráfico de influencias. El hecho de que contratistas del SENA, como Eduardo Cruz Morales, promocionen la figura de Verbel en eventos oficiales desdibuja la frontera entre lo público y lo partidista, lo cual es causal de investigaciones por participación en política y malversación de recursos. En un departamento históricamente golpeado por la parapolítica, este nuevo modelo de control institucional bajo banderas de “transparencia” representa un reto para la justicia, que deberá determinar si el ascenso vertiginoso de la viceministra es un fenómeno de meritocracia militante o un esquema de corrupción de alto nivel.
- Perfil de Rafael Germán Gómez Gómez
Rafael Germán Gómez Gómez no es un actor secundario en este entramado; es el puente operativo entre la política territorial y el alto mando en Bogotá. Su relevancia radica en que fungió como el coordinador de la campaña de Gustavo Petro en Córdoba, lo que le otorgó un conocimiento profundo de las bases y las necesidades del departamento, pero también de los compromisos políticos adquiridos.
Su nombramiento como asesor en el Ministerio de Defensa, bajo el ala directa de Verbel, es el que genera mayor suspicacia. Al ser una cartera que maneja información sensible y seguridad nacional, su presencia allí se interpreta como el ‘brazo derecho’ de la viceministra para gestionar asuntos que van más allá de lo técnico.
Aunque el texto de la denuncia no lo señala directamente como el autor de las extorsiones, su posición de poder lo ubica en el centro del radar judicial. Las autoridades deberán determinar si su rol como asesor se limitaba a lo ministerial o si operaba como el “enlace externo” que mencionan las denuncias sobre cobros irregulares a empresas en Córdoba.
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