Una eventual medida cautelar por 16,4 billones de pesos derivada de un diferendo tributario sobre el IVA al combustible importado pondría en jaque la estabilidad financiera de Ecopetrol. Según informes internos presentados por la petrolera, una decisión de este tipo congelaría sus fondos locales de manera inmediata, dejando liquidez suficiente para sostener operaciones durante apenas 23 días.
El impacto de este escenario afectaría a más de 10.000 empleados directos, cerca de 40.000 contratistas y compromisos comerciales con proveedores por 1,3 billones de pesos. Adicionalmente, se paralizarían las obligaciones con el sistema bancario, así como los aportes mensuales por regalías a las regiones y el envío de dividendos a las arcas del Estado.
Ante la gravedad del panorama, el caso llegó a la Corte Constitucional para su revisión mediante una acción de tutela. Aunque en instancias previas los tribunales administrativos desestimaron el amparo al considerar que la amenaza era hipotética, la insistencia de magistrados de las altas cortes reabrió el debate sobre la continuidad operativa de la compañía más grande del país.
Por su parte, la defensa de la estatal petrolera avanza de manera paralela en demandas de nulidad contra los actos administrativos expedidos por la autoridad tributaria. La empresa sostiene que la magnitud de los fondos en disputa generaría un daño irreversible en la cadena de suministros y en la sostenibilidad económica nacional antes de que se obtenga un fallo definitivo en la justicia ordinaria.
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