Comunidades campesinas del territorio denunciaron públicamente la *ocupación irregular del predio #VillaLeticia* (conocido como el Arbolito) *de carácter público*, situación que estaría siendo protagonizada por el señor *Cristóbal Segundo Triana*, pese a que sobre el terreno existen anotaciones y actuaciones administrativas que ratifican su destinación para procesos de acceso a tierra de asociaciones campesinas.
De acuerdo con la información que reposa en el *Certificado de Tradición y Libertad*, el predio figura con anotaciones que confirman su naturaleza pública y la existencia de trámites administrativos ante la *Sociedad de Activos Especiales (SAE)* para su ocupación por parte de una asociación campesina, en el marco de la implementación de la Reforma Agraria y del Acuerdo de Paz.
Las comunidades recuerdan que el *7 de mayo de 2024* se adelantó un procedimiento de desalojo, en el cual los ocupantes entregaron el predio y solicitaron que se permitiera al señor Cristóbal Segundo Triana permanecer temporalmente en el lugar; sin embargo, denuncian que dicha situación se ha convertido en una *ocupación de facto*, contrariando las directrices institucionales y obstaculizando el acceso legítimo de las familias campesinas a la tierra.
*“Exigimos el desalojo inmediato del predio por parte de los ocupantes irregulares. Mientras el campesinado espera una respuesta efectiva del Estado, persiste un escenario de incertidumbre, presión y riesgo para quienes defienden la función social de la tierra”*, señalaron voceros de la Asociación Campesina.
Las organizaciones sociales advierten que la falta de una actuación oportuna por parte de las autoridades competentes *no solo vulnera los derechos de las comunidades rurales*, sino que también debilita la credibilidad de la política de Reforma Agraria y envía un mensaje de tolerancia frente a la ocupación indebida de bienes públicos.
Asimismo, las comunidades alertan que estas directrices no se han cumplido plenamente y que persiste la ocupación por parte de intereses privados, generando presiones, temor y obstáculos para que una asociación campesina firmante del Acuerdo de Paz —que ya inició un proceso formal ante la SAE, tal como consta en el Certificado de Tradición y Libertad— pueda ejercer su derecho a trabajar la tierra y ocupar el predio conforme a la ley.
En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado a la *Presidenta de la Sociedad de Activos Especiales*, al presidente Gustavo Petro , a la Procuraduría Agraria y de los Acuerdos de Paz y a la Defensoría del Pueblo, para que se garantice el cumplimiento de las decisiones administrativas, la protección de las comunidades y la destinación efectiva del predio a la Reforma Agraria, como corresponde a los bienes de la Nación.
Finalmente, reiteraron que *defender el territorio es defender la vida, el río Sinú y el derecho del campesinado a sembrar futuro*, y exigieron que no se normalicen prácticas que favorecen la concentración y el uso indebido de la tierra pública.
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