Dos figuras de alto perfil en la política de Córdoba han quedado bajo el foco de la justicia en medio de uno de los escándalos de corrupción más graves del país. El caso, que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Invías, ahora salpica directamente al Congreso y pone contra las cuerdas a dos representantes de la región.
Wadith Manzur, congresista del Partido Conservador, ha sido mencionado por la testigo María Alejandra Benavides como uno de los destinatarios de contratos entregados de manera irregular. Paralelamente, Andrés Calle, expresidente de la Cámara y líder liberal, aparece en las declaraciones de Olmedo López como supuesto receptor de $1.000 millones en efectivo.
Este doble golpe ha desatado una tormenta política en Córdoba, dejando al descubierto las grietas de un sistema marcado por prácticas clientelistas y acuerdos por debajo de la mesa. La ciudadanía, harta de escándalos y silencios cómplices, empieza a exigir un cambio real en el liderazgo regional.
El impacto no solo se siente en las estructuras partidistas, sino en el ánimo de una población que ya no confía fácilmente en sus representantes. Con el escenario electoral acercándose, las implicaciones judiciales de este caso podrían redefinir el mapa político del departamento.
¿Estamos ante el principio de una verdadera depuración política en Córdoba o solo frente a otro capítulo de impunidad disfrazada? La justicia tiene la última palabra, pero la opinión pública ya está tomando nota.
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