- La dimisión se produjo tras la presión ejercida por sectores opositores y facciones de su propia línea política que promovieron su enjuiciamiento.
En un pronunciamiento audiovisual difundido en sus canales oficiales, el ahora exjefe de Estado derechista Santiago Peña justificó su renuncia argumentando la búsqueda de estabilidad social y la protección de las instituciones. Durante su mensaje, señaló que su prioridad absoluta se centraba en resguardar a los ahorristas del sistema financiero y pidió disculpas públicas a la ciudadanía por el desenlace.
El punto neurálgico del conflicto responde al colapso de la firma Ueno Bank. A fines de 2023, tras transformarse de entidad financiera a banco, sus directivos festejaban haber sumado a más de 500.000 clientes, bancarizando a miles de personas que hoy protestan.
En aquel momento, la conducción de la firma celebraba el crecimiento acelerado de una entidad con más de cuatro décadas de historia, originada en 1976 como Financiera El Comercio y posteriormente adquirida por el conglomerado Grupo Vázquez en 2021, adquiriendo mayor volumen tras absorber a Visión Banco en 2024.
Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando el organismo regulador monetario del país decretó el proceso de disolución de la entidad al detectar una caída de su solvencia por debajo del 50% del mínimo legal requerido. Este evento causó conmoción, considerando que recién en septiembre de 2026 la firma declaraba contar con millones de usuarios y un caudal masivo de operaciones diarias.
La quiebra derivó en un severo cuestionamiento a la conducción política debido a los nexos previos entre la cúpula gubernamental, las autoridades del ente regulador y el grupo económico controlador de la firma. Sectores críticos señalaron presuntas faltas a la ética, cuestionando el manejo de recursos previsionales y el desempeño de la supervisión estatal.
La tensión aumentó con el aval de la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de juzgamiento, postura respaldada públicamente por Horacio Cartes en representación de la fuerza política oficialista, quien manifestó la necesidad de desmarcarse de irregularidades con fondos públicos y privados para restituir la institucionalidad.
Especialistas del ámbito financiero señalan que el evento supera la mera falla administrativa de un privado, al tratarse de un esquema donde un solo grupo empresarial concentró una porción significativa del ahorro social y de las reservas de jubilación del país. Paralelamente, la justicia local ordenó la detención de los principales ejecutivos y miembros del directorio del grupo empresarial y del banco afectado.
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